Un año que recién inicia, y en menos de 50 días transcurridos, dos funcionarios, un ex alcalde y un fiscal están en la palestra pública imputados de delitos sexuales y violencia de género.
Mientras la población se encuentra esperando el anunciado cuerpo especializado para la violencia intrafamiliar y de género, dentro de la Policía Nacional que ofreció el presidente Luis Abinader.
La Violencia de Género es una violación grave de los derechos humanos, y según la organización de las Naciones Unidas (ONU), repercute negativamente en mujeres y niñas, dejando consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales.
Sin embargo, son múltiples los casos que han escandalizado a la opinión pública nacional de políticos y funcionarios que han sido sometidos a la justicia bajo la acusación de agresión sexual y violación de género.
Uno de los casos es el de Leonardo Faña, director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), quien es acusado de delito sexual contra la señora María Isabel Flores Encarnación, gerente financiera de la entidad.
Faña, quien se encuentra suspendido de sus funciones, será investigado por el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en virtud de que por su condición de funcionario le corresponde al procurador de Corte determinar su responsabilidad en el mismo. Se recuerdas que en este caso, la señora Flores Encarnación desistió de la querella con Faña.
Trasladándonos al Cibao, también está el caso de Antonio Gómez Díaz, encargado de la Dirección Regional de Aduanas (DGA), a quien se le acusa de delito sexual contra una mujer y acoso a una empleada de la mencionada dependencia estatal en Santiago.
Gómez Díaz, dirigente del Partido Revolucionario Moderno en Santiago, luego de su apresamiento, cuyas órdenes de arresto fueron emitidas por el juez Cirilo Salomón Sánchez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, fue cancelado del puesto que desempeñaba en la institución mencionada.
La Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago está solicitando un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el ex funcionario, que espera en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia para ser presentado ante el juez de la oficina de Atención Permanente de Santiago.
Apenas inicia febrero y ya hay otro caso, en esta ocasión la denuncia cae sobre Lenin Quezada, ex alcalde del municipio de Licey al Medio, a quien acusan de abusar sexualmente de varias mujeres que fueron sus pacientes en su condición de doctor en medicina.
El arresto del ex servidor municipal fue realizado por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santiago.
Se espera que el dirigente político sea presentado ante el juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente para que le conozcan medida de coerción.
Igualmente, La magistrada Miriam Germán Brito apoderó al procurador de la Corte de Apelación de Santiago de una investigación contra el fiscalizador Mauricio Francisco Osoria Castillo, imputado de embarazar a una menor de edad.
En un comunicado la pasada semana, la magistrada Germán Brito explicaba que el caso citado presentaba indicios tipificados por varios artículos del Código Penal Dominicano y en la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niñas, Niños y Adolescentes.
La investigación del caso se originó a partir de que la víctima, cuya identidad se preserva para mantener su integridad, depositó el 28 de diciembre de 2020 una denuncia en reclamo de pensión alimentaria en contra del fiscalizador Osoria Castillo, en virtud de que ella cursaba un embarazo de 23 semanas.
Fuente: El Nacional
